ESPAÑA
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La Constitución garantiza la libertad religiosa. La iglesia Católica, que es la religión predominante, y sus instituciones, reciben subvenciones oficiales.

El Gobierno acordó un Concordato con el Vaticano en enero de 1979 en el que se permite a la Iglesia Católica y a sus órdenes religiosas establecer colegios.

Se garantiza por la Constitución y el resto de la legislación el derecho de los padres a asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones.

En septiembre de 1992, el gobierno español aprobó una legislación que afirma la igualdad ante la ley de todas las religiones y permite que los colegios proporcionen enseñanza religiosa a los estudiantes protestantes.

La Constitución garantiza la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos, y existe la figura del “Defensor del Pueblo” para investigar las quejas sobre abusos de los derechos humanos por parte de las autoridades. Este actúa con independencia de cualquier partido político o ministerio del Gobierno; debe ser elegido cada 5 años por una mayoría de dos tercios del Congreso, y tiene inmunidad jurisdiccional. Tiene libre acceso a las instituciones del Gobierno y a los documentos que no estén reservados por razones de seguridad nacional.

Las religiones minoritarias han encontrado una discriminación considerable, lo que incluye detenciones arbitrarias de miembros de los nuevos movimientos religiosos y la prolongada detención de sus hijos. En 1994, el Infomador Especial de las Naciones Unidas sobre Intolerancia Religiosa, notifico que veintidós hijos de miembros del grupo religioso conocido como La Familia, fueron mantenidos en centros de acogida de menores durante más de un año después de que sus padres fueran arrestados. En mayo de 1992, un juez de Barcelona ordenó la puesta en libertad de los adultos y que se les devolvieran sus hijos. El Gobierno apeló. En junio de 1993, la Audiencia Provincial de Barcelona respaldó la absolución, declarando que no se puede y no se debe juzgar sobre las creencias religiosas, salvo cuando dan lugar a una comunidad cerrada, dogmática y disciplinada que sea dañina por su carácter. La absolución fue también confirmada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional en octubre de 1994.

La Constitución garantiza la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos, y existe la figura del “Defensor del Pueblo” para investigar las quejas sobre abusos de los derechos humanos por parte de las autoridades.

En España hay un Código Penal que ilegaliza la incitación en contra de otros por razones religiosas.

El Artículo 14 de la Constitución establece:

"Todos los espanñoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Artículo 16:

“1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

“2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideologóa, religión o creencias.

“3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espaola y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Catolica y las demás confesiones”.


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