La posición oficial del gobierno francés, transmitida al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio de 1997, es que el estado carece de poder para limitar la libertad de religión. El gobierno francés informó al Comité de que la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y el ICCPR habían sido aplicados por los tribunales de Francia en más de un centenar de casos y que estos instrumentos para proteger los derechos humanos estaban por encima de la legislación nacional.
La creciente intolerancia religiosa en Francia ha conducido a la adopción de medidas por parte del estado que suponen una intrusión y contravienen dicha neutralidad. El Ministro del Interior francés, criticando un dictamen judicial de 1997 que, en virtud de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y de la Constitución francesa, determinó que cierta minoría era una religión, alegó que él era el único autorizado para legitimar las asociaciones religiosas. Poco tiempo después, las autoridades francesas denegaron la inscripción a una de las misiones religiosas. Esta declaración por parte del ministro francés y la negación de la inscripción contradicen la posición del gobierno galo en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ley que en 1905 estableció la separación entre iglesia y estado, prohíbe a este último la imposición de impuestos religiosos o subvencionar a cualquier religión; sin embargo, el estado concede subsidios a colegios privados, incluyendo aquellos de afiliación religiosa, y los gobiernos centrales o provinciales controlan, poseen y mantienen edificios religiosos cuya construcción es anterior a la ley de separación entre iglesia y estado de 1905. Según un artículo publicado en el periódico francés Le Monde en mayo de 1996, las subvenciones indirectas concedidas por el estado a organizaciones católicas suman un total de 40 mil millones de francos.
El Artículo II de la Constitución francesa establece:
“Francia será una República indivisible, secular, democrática y social. Garantizará la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin distinción de origen, raza o religión. Respetará todas las creencias”.
La Declaración de los Derechos del Hombre está ligada a la Constitución y abunda en la política oficial de Francia en cuanto a la libertad de religión. El Artículo X declara:
“Nadie será incordiado por sus opiniones, aunque sean religiosas, siempre que la manifestación de las mismas no altere el orden público establecido por la ley”.
La Comisión Consultiva Nacional sobre Derechos Humanos, organismo independiente situado en la oficina del Primer Ministro cuenta con miembros gubernamentales y no gubernamentales. Dicha comisión supervisa las denuncias y asesora al gobierno sobre reglamentos y legislaciones.
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