DINAMARCA
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La Constitución danesa protege la libertad de religión. La Iglesia Luterana Evangélica es, según la Constitución, la iglesia oficial del país. La enseñanza religiosa de la religión estatal se imparte en las escuelas, si bien los discípulos de otras doctrinas pueden quedar exentos.

La Iglesia Evangélica asesora al Ministerio Eclesiástico del gobierno en cuanto a los grupos que han de recibir reconocimiento formal y el derecho a administrar el matrimonio. El hecho de que la iglesia estatal adopte esta determinación es motivo de polémica debido a la posible existencia de prejuicios en un sistema en el que una religión decide si otra es “legítima”.

El potencial de discriminación en este sistema quedó patente en noviembre de 1996, cuando el Ministerio Eclesiástico denegó una licencia matrimonial –cuya aceptación habría tenido el carácter de reconocimiento de religión en Dinamarca– de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), doctrina cuya raíces se remontan a un movimiento reformista del siglo 15, dentro de la tradición hindú. A pesar de que el ISKCON está reconocida como religión a escala general, el Ministerio Eclesiástico denegó la solicitud con la extraordinaria alegación de que esta no constituía una “comunidad religiosa real en el sentido normal de la palabra”.

Esta decisión supuso una violación de la Convención Europea sobre Derechos Humanos e ICCPR, ratificados por Dinamarca. Recibió fuertes críticas, no ya sólo por parte de expertos religiosos daneses, sino también por los medios de comunicación de este país. El mes de julio siguiente, el Ministerio Eclesiástico cambió su decisión de forma inesperada e ISKCON disfruta ahora de reconocimiento oficial como religión en Dinamarca.

El gobierno danés ha establecido los siguientes requisitos para la concesión del reconocimiento religioso:

a. Debe existir una comunidad religiosa y no simplemente una asociación.

b. Su propósito primordial ha de ser el culto a Dios y la religión deberá tener sus propias doctrinas.

El Capítulo VII, Sección 67 de la Constitución establece:

“Los ciudadanos tendrán derecho a formar congregaciones para el culto a Dios de manera coherente con sus convicciones, a condición de que no se enseñe nada que entre en conflicto con la moral o el orden público”.

Sección 70:

“Ninguna persona será privada del acceso a un completo disfrute de sus derechos cívicos y políticos, por razón de su credo o inclinaciones, como tampoco podrá evadir, por dicha razón, el cumplimiento de cualquier deber cívico común”.


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