BÉLGICA
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La legislación belga prohíbe la discriminación basada en la religión.

El catolicismo romano, el protestantismo, el judaísmo, el anglicanismo, el islamismo y la ortodoxia griega y rusa reciben todas subsidios del gobierno, que todos los contribuyentes deben pagar. Todas ellas tienen también el derecho de proporcionar educadores, sufragados por el gobierno, para la formación religiosa en las escuelas, si bien no todas hacen uso de dicho derecho.

En mayo de 1997, una comisión parlamentaria publicó un informe sobre las supuestas sectas en Bélgica. Dicho informe suscitó una inmediata polémica, puesto que animaba a la discriminación selectiva de nada menos que 189 religiones diferentes, entre las que se encontraban ciertas asociaciones católicas, protestantes y budistas. Como se puso de manifiesto durante un debate parlamentario sobre el informe, a través de expertos en asuntos religiosos, las conclusiones son infamias para los miembros de estas religiones, basadas en información no verificada y en rumores. Si bien el parlamento, aunque reticente, aceptó el informe, lo hizo con la condición de que la lista de las 189 religiones incluidas no tuviese validez.

Las recomendaciones del informe, que han sido tachadas de inconstitucionales, no se han llevado a la práctica. Sin embargo el informe abre la puerta a la discriminación religiosa en Bélgica.

El Artículo 11 de la Constitución dispone que:

“El disfrute de los derechos y libertades otorgados al pueblo belga se debe garantizar sin discriminación. Con este fin, la legislación y los decretos garantizan los derechos y libertades de las minorías ideológicas y filosóficas”.

Artículo 21: “Se prohíbe al estado intervenir en la designación de ministros de cualquier religión, así como vedar la comunicación de dichos ministros con sus superiores y la publicación de sus actos, exceptuando en este último los casos de responsabilidad compartida en lo que respecta a la prensa y las publicaciones”.

Artículo 19:

“Se garantiza la libertad de culto, la práctica pública de este, así como la libertad para demostrar las propias opiniones en todos los asuntos, exceptuando cuando se trate de la represión de ofensas cometidas en el ejercicio de esta libertad”.

También está el Pacto Cultural Belga del 16 de julio de 1931, que establece lo siguiente:

“Artículo 1: En aplicación de los artículos 6B a 59B, párrafo 7, de la Constitución, los decretos votados por cualesquiera de los consejos culturales no pueden implicar discriminación de carácter ideológico o filosófico, así como no pueden restringir los derechos y libertades de minorías filosóficas y religiosas”.


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